RedSOStenible pide el no a los políticos que deben votar la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible y afirma que "los ciudadanos y ciudadanas de este país - y de muchos otros - llevamos unos cuantos años pidiendo a las industrias del entretenimiento que reconviertan su negocio, para que lo adapten a la era digital, sin pretender que paguemos el anacronismo y el desbocado afán recaudatorio de su gestión".

En concreto la organización RedSOStenible, que se ha distinguido por su beligerancia en contra de la Ley de Economía Sostenible y del cierre de webs, pide productos culturales a precios asequibles; que la industria se adapte al streaming (visionado y escucha online); que se adapte también a las descargas con precios sensatos, de manera que se pueda contabilizar quién es el beneficiario real (el autor o intérprete de lo que se descarga) para que pueda efectivamente cobrar él y no sólo los intermediarios o "los de siempre".

Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores, "una coalición que -según RedSOStenible- reagrupa los principales lobbies de presión de las industrias del entretenimiento, pero a ningún creador", la semana pasada en una rueda de prensa indicó que "va a haber centenares de portales competitivos y se van a ver con carácter inmediato (...) en cuanto haya un marco regulatorio con reglas del juego claras y transparentes" como presión hacia los parlamentarios que próximamente deberán votar en el Parlamento la aprobación o supresión de la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible. Ésta prevé el cierre de páginas web sin las debidas garantías judiciales, medidas que la sociedad civil lleva rechazando desde su comienzo.

Para RedSOStenible, los cambios que propone a la industria "no es a cambio de algo, sino que es lo que van a tener que hacer las industrias del entretenimiento, o desaparecerán del mapa mientras que seguirá habiendo música y cine sin ellos". La prueba de ello, afirman, son los "iTUNES, Spotify, NetFix... que ya lo hacen sin pedir a cambio leyes que coartan la libertad de expresión y las posibilidades de inversión de los ciudadanos." Lo que pretende el marco regulatorio "no es -según afirma- una mejora de la situación económica de creadores y emprendedores de a pie, sino un sistema legal que impida la libre competencia y deje el poder económico y de decisión en las manos de los lobbies que lo están perdiendo", por eso se anuncia el Gran Portal que pretende "además sufragarse con el dinero de todos".